20 de abril de 2011

Ciudadanos (C’s) denuncia que el Canal de Isabel II está externalizando de forma irregular sus servicios jurídicos


● Domingo: “Lo del Canal de Isabel II es un escándalo mayúsculo. No llevan los asuntos quienes deben, se contratan ilustres apellidos populares y se persigue a los empleados”.

Madrid, 19 de abril de 2011.- El candidato de Ciudadanos (C´s) a presidir la Comunidad de Madrid, Víctor Domingo, ha denunciado hoy que la Ley 3/1999,  de Ordenación de los  Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid establece en su artículo 1 apartado 1, que la competencia para dirigir los asuntos jurídico-contenciosos de las empresas públicas, incluido el Canal de Isabel II, le corresponde legalmente a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid y “no a elitistas y carísimos despachos de abogados de titularidad privada”.  Domingo ha denunciado que sólo “excepcionalmente y con autorización del Consejo de Gobierno” (art. 1.3 de la Ley 3/1999) se puede externalizar la dirección de los asuntos jurídicos del Canal de Isabel II, o de cualquier otro organismo de Derecho Público, lo que “el Canal de Isabel II viene incumpliendo sistemáticamente”.

“Esto un escándalo mayúsculo”, señaló. “¿Es esta la austeridad de la que presume Esperanza Aguirre? ¿Es éste su respeto por la Ley? En la empresa que dirige Ignacio González  no llevan los asuntos jurídicos quienes legalmente deben, se contratan a dedo ilustres apellidos populares y se persigue a los empleados.”

Domingo exige a Ignacio González, Presidente del Canal, que haga públicos los asuntos letrados que ilegalmente se han estado llevando a cabo por parte de la Secretaría General Técnica del Canal de Isabel II.

Además,  en relación a la noticia hecha pública en recientes fechas por la Cadena SER acerca de que el Canal de Isabel II podría haber vigilado con dinero público a al menos 3 empleados de la empresa, que Aguirre debe de explicar a los madrileños si es cierto que “con dinero de todos se contratan detectives privados para espiar a los empleados del Canal de Isabel II”. Domingo ha desechado que las empresas públicas puedan recurrir a este tipo de actuaciones, “propias de la empresa privada”, cuando, en su opinión, “la factura no la paga quien hace el encargo, sino que la pagamos todos, incluso la persona vigilada”.

Además, Domingo ha denunciado que según le consta, el servicio jurídico de la empresa madrileña de aguas ha incrementado desde 2003 en más de un 200% el número de letrados que trabajan para la misma y, sin embargo, “se están externalizando casi todas las actuaciones que corresponderían a este servicio”. Así, Domingo ha preguntado si “es cierto que el servicio jurídico está lleno de personas de ilustres apellidos “populares” y los casos se encargan, pagando los madrileños, a carísimos despachos de abogados”.

Domingo ha exigido en este sentido conocer el montante total al que ascienden las actuaciones de estos despachos en el Canal de Isabel II, así como los cambios que ha sufrido el servicio jurídico del Canal desde el año 2003.

Para Domingo “sería terrible descubrir que la dirección del Canal de Isabel II utiliza el dinero de los madrileños para perseguir a sus empleados”.