1 de enero de 2008

Ignacio del Río: 1812 - El Liberalismo, de la utopía al antídoto

La crisis de la política española, bloqueada por la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno de Zapatero y por la acción u omisión de la oposición del PP, ha producido como resultado el efecto llamado “crispación”.

La irreductibilidad de las posiciones que se traslada a los órganos institucionales, desde el Consejo del Poder Judicial al Tribunal Constitucional, se extiende a todas los epígrafes de la agenda política. El disenso, consustancial con la democracia, padece un mal de gigantismo que le permite ocupar toda la acción pública. Reducido el escenario de confrontación a ETA y sus variantes- la piel de cordero electoral de Batasuna y sus nuevas versiones PCTV y ANV- la hipertrofia ha ahogado el normal comportamiento de las Instituciones democráticas, empezando por el Parlamento.


Esta situación agrava, significativamente, un evidente retroceso de la libertad ciudadana, como sucede en todas las batallas. Ya no hay individuos sino tropas, no hay pensamiento sino propaganda y se sustituye la crítica por la alineación. Esto sucede, además, con un envejecimiento prematuro del sistema de partidos que transmite la participación democrática. Esclerotizados, encerrados en sí mismos, convertidos en una agencia de colocación de militantes obedientes, como dice Jiménez de Parga, los partidos políticos viven cada día más alejados de los impulsos de modernidad y transparencia que se establecen en el orden económico para el gobierno corporativo de sociedades, empresas e Instituciones. La Ley de Financiación de los Partidos Políticos, en la que se ha acordado restringir el control de las Fundaciones a ellos vinculadas y las Cajas de Ahorro, que bajo una estructura social encubren la nomenclatura de los poderes autonómicos, es una buena prueba de la espesa capa con que se evita la transparencia de su funcionamiento.


Aquí nadie desde los Partidos defiende una mejora de nuestro sistema democrático y de los derechos individuales. El PSOE de Zapatero está actuando con su vieja estrategia de ocupación de la sociedad y las Instituciones y el desmontaje del Estado como garantía de derechos, todo ello al servicio de un pensamiento único. Los nuevos derechos sociales que nos presentan no son sino auténticas restricciones de la libertad, prohibiciones, e imposición de su modelo de sociedad. Y el vaciamiento del Estado frente al poder de las organizaciones territoriales, los Estatutos de Autonomía, no es sino el reflejote la negación y desconsideración del individuo frente al poder de las castas políticas que representan “el espíritu del pueblo”. La Ley de Igualdad que impone cuotas en consejos de administración y en listas electorales no es una superación de restricciones, sino simple y llanamente intervencionismo y discriminación, por mucho que se quiera dulcificar con el adjetivo de “positiva”.Los nuevos capítulos de derechos que han justificado la reforma de los Estatutos no son sino mayores competencias, más ámbitos de decisión, para los Gobiernos, sin incrementar un solo ápice su control por los ciudadanos.


Esta imposición de modelo político, que no gobierno, que está haciendo Zapatero, se extiende incluso a la oposición del PP a la que deslegitima en origen y arrincona en la acción política. Los supuestos intelectuales a la violeta y sus medios afines niegan al PP su derecho al ejercicio de la oposición, utilizando el recuerdo de Irak, de las Azores y del 11-M para construir a su alrededor un cinturón de supuesta salud democrática. Al mismo tiempo, el Gobierno marca la posición política que debe asumir el PP para recuperar sus credenciales democráticas. Una estrategia manipuladora, intervencionista y que quiere falsear el sistema constitucional en beneficio del pensamiento único, que no sólo representa un mayor número de votos, sino que es moralmente superior. En definitiva, una vez más el profundo desprecio que siente el PSOE por la libertad de opinión y por el control político cuando ejerce el Gobierno.


La respuesta a este laberinto trazado por Zapatero en el que quiere encerrar al minotauro de la democracia, para lo que se inviste con los signos de la paz, “todo por la Paz”, es más democracia y más libertad. Declaraciones que ya se hicieron en 1812, con la antesala de la declaración en defensa de la libertad de prensa proclamada en 1810 en la Isla de León. La limitación del poder del soberano, la nación como sustrato político del Estado y la libertad como elemento indisoluble del individuo. Unos principios que son hoy absolutamente necesarios para recuperar una democracia sin adjetivos, una democracia de calidad y que esté acompasada con la tremenda revolución tecnológica de información y comunicación que estamos viviendo. Las barreras, las censuras y los aranceles saltan por los aires a través de Internet y la transformación económica en China, con un primer reconocimiento de la propiedad privada, demuestra que el cambio es imparable.


Los valores del liberalismo, libertad, individuo, propiedad privada, control del poder, acceso a la información y la cultura son los pilares de la modernidad y de la civilización y son irrenunciables en cualquier sociedad. No se pueden someter a ningún bien superior ni civil, la paz, ni ideológico ni religioso. Y son la mejor manera de articular las nuevas relaciones políticas y sociales que surgen como consecuencia de la globalización. En esta estructura, el imperio de la Ley, a través de la organización del Estado que ha superado la configuración tribal y feudal, es el modo de resolución de conflictos y la garantía del respeto a la libertad y la igualdad frente a los Poderes Públicos.


Hoy España necesita reforzar su democracia con el liberalismo y con liberales que trasladen a los ciudadanos la convicción de que la democracia tiene que se más intensa, más directa, más representativa y con más derechos individuales y más controles de lo público. Cádiz en 1812 inició el camino. En 1978, la Constitución recogió su testigo. Casi treinta años después debemos defender nuestros valores, porque como dijo Stuar Mill “Nadie puede ser obligado, justificadamente, a realizar o no realizar determinados actos…porque en opinión de los demás, hacerlo sería más acertado o más justo."

Fuente: Club Liberal

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