29 de septiembre de 2010

Enrique Dans: La triste postura del PP frente a la Ley Sinde

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He tenido la oportunidad de examinar el texto completo de las enmiendas del Partido Popular referentes a la mal llamada “Ley Sinde”, y tengo que decir que ahora ya está todo perfectamente claro. Diáfano. Cristalino. Que si en algún momento alguien pensó que desde la “oposición” llegaría algún tipo de ayuda para la libertad en la web, para que los derechos de los ciudadanos prevalecieran sobre los de los intermediarios de la propiedad intelectual, o para que la justicia pudiese actuar con la misma libertad e independencia que ha podido actuar hasta ahora, puede sencillamente ir dejando de pensarlo.

Los usuarios tendremos que defendernos solos o recurriendo a alguna opción hoy en día minoritaria, porque lo mejor que se puede hacer con la postura expuesta por el Partido Popular a través del texto de sus enmiendas es calificarla de triste. Completamente contrarias a lo que la mayoría de usuarios de la red han expuesto, y en “sorprendente” sintonía con las posturas tanto del gobierno como de las entidades de gestión. Si eso es la “oposición”, por favor, que me expliquen a qué diablos se opone.

Las enmiendas del Partido Popular son lo menos ambicioso que se puede plantear. En caso de ser más suaves, serían simplemente una ronda de aplausos. Al igual que el gobierno, toman como punto de partida la supuesta “necesidad” de una Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo que va a “juzgar en lugar de los jueces”, y reservan a éstos un mero papel de “dar autorización” a esta Comisión para que se pronuncie. ¿Por qué no quieren que sean los jueces, como ocurría hasta ahora, los que se pronuncien sobre las presuntas violaciones de la propiedad intelectual? Ah, porque estos, simplemente, no dan la razón a sus amiguitos de las entidades de gestión. Exactamente la misma postura que propone el gobierno, con cambios puramente cosméticos como la composición de la Comisión.

El Partido Popular se limita, en sus enmiendas, a cuestiones como garantizar que los prestadores de servicios facilitarán a los órganos competentes la información de los usuarios o los servicios presuntamente vulneradores. De nuevo, usando el “truco legal de moda”, el mismo que utiliza el gobierno: pedir autorización a un juez, pero que ya no sea éste quien toma la decisión o quien solicita la información, sino un órgano administrativo. Entra levemente en otros temas, como discernir entre lucro directo o “indirecto” (un concepto sin antecedente legislativo alguno, que servía para todo y que debe efectivamente ser enmendado), o intentar proporcionar una mayor garantía jurídica a los actos de petición de información o de cierre de páginas (pero de nuevo, sin que sea el juez quien toma la decisión de hacerlo, limitando a éste a “autorizar” lo que previamente ha decidido la Comisión), y termina pidiendo la eliminación del canon digital, una medida obviamente necesaria y en consonancia con el informe del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero con la que no consigue tapar el daño que provoca la total laxitud del resto de sus enmiendas.

En resumen: que sí, que quieren quitar el canon, pero eso es todo. A cambio, no les preocupa meter una innecesaria Comisión de Propiedad Intelectual para que se dedique a impartir “la justicia de las entidades de gestión” en lugar de que sean los jueces los que lo sigan haciendo como hasta ahora (Claro, ¡es que no nos dan la razón!!!) Eso, ni más ni menos, es lo que pretende el Partido Popular. Si creías que de alguna manera “estaba con los internautas” o defendía de alguna manera los intereses de éstos, olvídalo. No es así. Están tan al servicio de las entidades de gestión y de los lobbies que defienden sus intereses como lo está el gobierno, ni más ni menos.

Ahora resulta mucho, muchísimo más sencillo entender las posiciones adoptadas por los eurodiputados del Partido Popular, los que votaron a favor del siniestro Informe Gallo o los que se negaron a emitir su voto contrario a ACTA, incluso cuando vieron que el mismísimo presidente de su grupo parlamentario lo hacía. Están al servicio de los lobbies de la propiedad intelectual, no de sus votantes. Tanto unos, como otros. Es lo que hay.

Triste panorama.