1 de diciembre de 2009

Capítulo XXIV: La representación electoral de las minorías


Los últimos de Filipinas

(Los últimos de Filipinas)

Tras abogar Francisco, gerente de “Radio Vecindad” y editor del periódico vespertino, de ámbito local, El Pobrecito Hablador”, en su última obra publicada, por el uso de las listas abiertas en los procesos electorales españoles; se cuestionaba sobre la idoneidad representativa de tal sistema.

Mostrando su comprensión frente al hecho de que la vigente Carta Magna pasara de puntillas por el modelo de organización territorial. Después de los dos postreros siglos caracterizados por cortos periodos democráticos que sucumbían rápidamente a otros dictatoriales. Y ante el temor de que este nuevo intento no lograse tampoco consolidarse, se prefirió el esbozo de meros principios conducentes a la descentralización. Decantándose por un estado compuesto, a camino entre el unitario y el federal.

Puesto que las heridas abiertas a finales del siglo XIX y comienzos del XX por los nacionalismos, aún supuraban. Movimientos que germinaron con fuerza a partir del Desastre del 98, es decir, con la pérdida de las últimas colonias de ultramar. Surgiendo en aquel instante una profunda preocupación por los males que aquejaban a España. Con una tasa de analfabetismo que rondaba el 60% y un gobierno central incapaz de dar respuesta a los problemas de las regiones periféricas. Sobresaliendo la corriente catalana y la vasca, impulsadas por una emergente clase burguesa. Quedando constatada tal preponderancia con la entrada en vigor de la Constitución de 1978, al hacerse dichas autonomías con el máximo techo competencial desde un primer momento, al igual que pasó con Galicia. Ya que sus estatutos se hallaban popularmente refrendados con anterioridad al promulgamiento militar. Lo mismo sucedió con Andalucía y Navarra, aunque acogiéndose a distintos pasajes constitucionales. Mas la mayoría se convirtieron en Comunidades Autónomas por la vía lenta. Así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Se entiende pues, que con semejantes prolegómenos, se buscara evitar a toda costa la fragmentación del voto mediante la potenciación de mayorías estables. Al objeto, durante los primeros pasos democráticos, de desterrar cualquier tipo de conflictividad. Su consecuencia fue la derivación hacia el bipartidismo. Salvo el primer mandato dirigido por la UCD, el poder ejecutivo se ha repartido alternativamente entre el PSOE y el PP.

No obstante, pasadas tres décadas, resulta imprescindible un análisis del contexto actual. Siendo conveniente preguntarnos si con el recientemente aprobado modelo de financiación autonómica y con las controvertidas reformas de los Estatutos de Autonomía sugeridas, se cumple el principio de igualdad constitucional.

Aseveraba el filósofo liberal, político y economista inglés, Jhon Stuart Mill (1806-1873) que: “(…) La determinación del principio de progreso, e incluso de permanencia de la civilización, depende de la diversidad y no de la uniformidad”

Jhon Stuart Mill

(Jhon Stuart Mill)

Atendiendo a este precepto y plenamente conscientes de que la nación española se crea con la unión de diferentes identidades, provenientes de las nacionalidades y regiones que la componen; lo lógico sería el reconocimiento de las mencionadas singularidades, pero sin entrañar desigualdad alguna entre los territorios que la integran. Al margen del ampliamente debatido asunto acerca de si nuestra norma jurídica suprema requiere o no una revisión; parece obvio, si la soberanía reside en el pueblo, que la amalgama de colectivos se encuentren debidamente representados. No cabiendo exclusiones.

Sin embargo, en nuestro sistema electoral, se dan notorios desequilibrios representativos. Quedándose sin voz muchos colectivos. Propiciándose un sentimiento de apatía en el elector, al no verse identificado con las escasas candidaturas que cuentan con alguna probabilidad de acceder a un escaño. Lo que junto a la lacra de la corrupción, que nos sitúa en el puesto 32 del ranking mundial elaborado por la organización Transparency Internacional”, desemboca en una cada vez menor participación ciudadana en los comicios. Y por ende en acrecentar la fractura entre administradores y administrados. Si uno de los principales cometidos de la política se presupone que es velar por la cohesión social, se ha de considerar perentorio el solventar tan preocupante cuestión.

Gracias a los estudios realizados por el sociólogo francés Maurice Duverger a mediados del siglo XX, hoy sabemos que para tender al multipartidismo, que recogería la variedad de posturas que albergan los españoles, se ha de ir hacia una fórmula de doble vuelta, como el arquetipo francés. Porque de lo contrario impera el “voto útil”, el votante se declina no por quien le gustaría, sino por quien piensa que saldrá electo, favoreciendo al bipartidismo.

Además de permitir al elector escoger preferencialmente al candidato que mejor considere oportuno de entre los que concurren, independientemente del puesto en el que se encuentre en una lista. No limitándose su acción, como ocurre ahora, a ratificar simplemente lo dispuesto por los partidos políticos, sin margen de modificación. El voto preferencial o de listas abiertas, con variados matices, es el utilizado generalmente por nuestros homólogos europeos.

En idéntico sentido en 1971, otro erudito, Rae, dedujo que: “La fórmula de pluralidad (mayoría simple en una sola consulta electoral) está siempre asociada con una competición bipartidaria, excepto donde existen fuertes partidos locales, minoritarios a nivel nacional”.

Y con la partidocracia reinante, con organizaciones supuestamente manejadas por oligarquías profesionalizadas, se acaba por anular a las minorías, sofocadas por la tiranía de las mayorías. Lo que ya fue preconizado en los albores del Estado Liberal por el propio Jhon Stuart Mill o Tocqueville, al contemplar lo ocurrido con la experiencia norteamericana. De análogo modo se pronunciaba José Ortega y Gasset en La Rebelión de las Masas: “El Liberalismo-conviene hoy recordar esto- es la suprema generosidad: es el derecho que la mayoría otorga a las minorías y es, por tanto, el más noble grito que ha sonado en el planeta.” Pues no hay verdadera libertad sin el respeto y el reconocimiento a la diversidad.

José Ortega y Gasset

(José Ortega y Gasset)

Se podría argüir que eso generaría ingobernabilidad, mas al contrario, quizás incluso hasta un mayor control y transparencia, al recobrar el poder legislativo su función de vigilancia sobre el ejecutivo. Recordemos los buenos resultados que ha proporcionado la cultura del consenso a los países nórdicos. Obteniendo elevadas cotas de desarrollo y progreso.

En definitiva, se trata de guiar a nuestra relativamente adulta democracia hacia fórmulas más justas y eficaces. Sujetas al máximo respeto de los derechos fundamentales individuales, sin atisbo de presunta violación de ninguno de ellos por parte del Estado. Quedando los rumores de un SITEL cualquiera en una etérea leyenda, circunscrita al guión de una película de acción. Porque como exclamó el expresidente estadounidense Thomas Jefferson: “El despotismo electo no es el gobierno por el que hemos luchado”.

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Fuente: El liberalismo.com